27 Junio 2017

La economía sumergida y el fraude fiscal son el agujero negro de las cuentas españolas

economía española

Conoce el articulo que recientemente, el Director del Máster en Comercio Internacional de EUDE Business School, José Manuel Muñoz, escribió en el diario El Debate de Hoy, sobre la economía española  y como es necesario fortalecer la responsabilidad fiscal de sus ciudadanos. Esta puede ser una de las mejores armas para combatir el fraude y la economía sumergida. 

 

Según el informe Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones, presentado recientemente por el Consejo General de Economistas (CGE), las cifras más realistas sobre la economía sumergida en España estiman esta en 168.000 millones de euros, lo que supone un 16% del PIB y una pérdida en la recaudación fiscal de 26.000 millones. A pesar de ello, los expertos del CGE avisan de que estas cifras, aun siendo preocupantes, se encuentran en la media europea y contradicen otras estimaciones, como las llevadas a cabo por el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que aumentaban la cuantía de la economía sumergida a casi 240.000 millones de euros y estimaban la pérdida de recaudación en prácticamente 73.000 millones

 

Este mismo informe recoge algunos de los motivos por los cuales estas otras estimaciones realizadas al efecto son revisadas a la baja (por ejemplo, la doble contabilidad efectuada en determinadas transacciones). Además, también hace hincapié en la diferencia entre economía sumergida y fraude fiscal, aclarando que el primero es un hecho económico, puesto que quienes lo ejecutan tratan de esconder la actividad que están realizando (lo que supone, en la práctica, que el dinamismo económico del país es superior al reflejado en el cómputo oficial del PIB), mientras que el segundo alude a un concepto jurídico, ya que el defraudador no necesariamente intenta ocultar una determinada actividad laboral, sino la elusión del pago de impuestos correspondientes a la misma.

 

Educar en la responsabilidad ciudadana

Con todo, la cantidad de 26.000 millones de euros no es en absoluto despreciable, ya que se trata de un monto equivalente a más de un 2% del PIB. Es decir, si el Gobierno dispusiera de una recaudación extra semejante, el déficit de España se reduciría hasta el 2%, lo que supondría la salida automática del Procedimiento de Déficit Excesivo de Bruselas. Es, por este motivo, por lo que en el propio informe se incluyen algunas recomendaciones que contribuyan a aflorar esta economía sumergida y, por tanto, a aliviar las debilitadas arcas del Estado con ciertos ingresos adicionales.

 

Si bien el CGE llega a advertir, literalmente, de que “no hay recetas mágicas”, considera que una educación que incida en la responsabilidad fiscal de los ciudadanos resulta básica para combatir este tipo de ilegalidades a medio y largo plazo. Además, también incluye en el informe la responsabilidad de los políticos, tanto a la hora de dar ejemplo en sus obligaciones directas y personales con la Hacienda Pública como con su contribución a mejorar la percepción entre los ciudadanos de la eficiencia y productividad del gasto público.

 

Paralelamente a las medidas de prevención, las autoridades competentes continúan actuando en la lucha contra la actividad económica ilegal. De hecho, recientemente, la Agencia Tributaria inició una operación contra determinados distribuidores de productos chinos que pagaban menos aranceles de los que debían, al declarar en aduana un precio inferior al establecido, a la vez que tampoco declaraban en su totalidad las ventas de esos bienes realizadas en España, evadiendo así parte de lo que deberían desembolsar en concepto de IVA (impuesto del que se estima se defrauda un 5%, aproximadamente). De esta manera, las autoridades deben continuar mostrándose implacables en la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, si bien la prevención suele mostrarse como el remedio más eficaz contra todo de tipo de males, sin ser este una excepción.

 

 

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